¿Dónde está la DGT?

Nos está tocando presenciar demasiados procesos paralelos en distintas ciudades de nuestra geografía en los que los protagonistas involucrados son invariablemente los mismos: ciclistas y peatones intentando resolver sus diferencias y sus competencias en un espacio público que les han obligado a compartir, la acera. Lo malo es que a fuerza de pura repetición esto nos empieza a parecer natural y, lo que es peor, ya nos empieza a parecer que ese era el tema a resolver hablando de bicis. Total, la convivencia tiene sus roces y aquí hemos forzado una convivencia desnaturalizada por la temerosidad y la falta de determinación y de preparación de los responsables municipales a la hora de ordenar el tráfico de bicicletas, eso sí fuera del tráfico rodado.

Acostumbrados al despropósito

Estos días es Zaragoza la que está en el candelero con esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarando ilegales varios artículos de su ordenanza de circulación de peatones y ciclistas que permiten circular a los ciclistas por todas las aceras, con tal de que midan más de 4 metros de anchas. Hace unos meses era Valencia cuya ordenanza dice lo contrario la que ponía firmes ejemplarmente a los ciclistas que ilegalmente circulaban por las aceras. Hace más de un año algunos festejaban la sentencia del Tribunal Supremo que permitía en Sevilla la circulación de bicicletas por aceras y zonas peatonales, el mismo Tribunal Supremo al que ahora va a recurrir el Ayuntamiento de Zaragoza para devolver las aguas a su cauce, es decir, para dejar a los ciclistas en las aceras. Una locura.

La intervención prometida de la DGT

En medio de todo este berenjenal que está montando cada ayuntamiento a su libre albedrío y con absoluta discrecionalidad, la DGT anunciaba hace un año a bombo y platillo una reforma del Código de Circulación que un año antes había presentado en el Congreso de la Bicicleta de Lleida. Una reforma dirigida fundamentalmente a fomentar y favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad. Entre las medidas más sonadas se presentó la de la circulación de las bicicletas por las aceras y, ante el revuelo espectacular que produjo, salió el por entonces Ministro de Interior Rubalcaba a desdecir al Director General que tuvo que recular en su propósito.

Han pasado muchas cosas desde entonces, pero lo que no ha pasado es nada de lo que vaticinó la DGT respecto a esa reforma que unificaría, de una vez por todas, la esquizofrenia en la que nos encontramos sumidos gracias a la cual un ciclista que circule por distintos términos municipales en sus trayectos habituales se puede encontrar con normas contradictorias entre uno y otro.

Es un problema que afecta casi exclusivamente a aquellos ciclistas que quieren circular por las aceras y que les asista el derecho que consideran que se merecen y atenta contra los derechos de los peatones, que se ven desasistidos en su espacio reservado.

Hace unos meses, más de los que nos parece por este estado permanente de interinidad que sufrimos desde hace unos años, cambió el Gobierno de España y con él la cúpula de la DGT. Desde entonces y con el proyecto de reforma hibernado, no se ha sabido nada más del tema. Y sólo ha servido para que la situación se haga más sangrante y para que cada uno haga la guerra como le sale en gana y que todo el mundo se pase el Reglamento de Circulación por el arco de triunfo y hagan lo que les parezca con las bicis, una vez más.

Todo menos defender a las bicicletas en su concurrencia en el tráfico que, según la ley, es el único lugar donde tienen el derecho y la obligación de circular.

¿Dónde está la DGT ahora que hace falta? 

¿A qué se dedica ahora que la circulación de coches se está reduciendo en la ciudad de manera generalizada? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Claramente no son las bicis. Su silencio y su inoperancia respecto a este asunto están provocando conflictividad, desilusión y más incertidumbre entre los distintos usuarios de las calles y entre los responsables de su ordenación en las ciudades que ya no saben a qué atenerse y siguen improvisando medidas amparándose en la jurisdiccionalidad de los municipios.

No sé cuánto podremos aguantar este estado de cosas pero resulta imperiosa la entrada en juego de la alta autoridad en el tema circulatorio aunque sea para proponer un despropósito, pero que sirva para tener un marco común y único de actuación sobre el que seguir trabajando.