Llevamos unos cuantos años observando cómo se están
desarrollando los acontecimientos en todo lo relacionado con la imparable
evolución de las bicicletas en nuestras ciudades.
Después de unos inicios prometedores, en los que mucha
gente se ha ido incorporando a la utilización de la bicicleta como modo de
locomoción en medio urbano, la importancia que este vehículo ha ido cobrando no
se ha traducido en una apuesta real por parte de los responsables de la
ordenación del tráfico, que han visto a la bicicleta como un molesto invitado
en unas calles dominadas por los coches y flanqueadas por los peatones.
Pese a que se han realizado actuaciones vistosas,
sobre todo centradas en la implementación de ciclovías, la mayoría de ellas han
aquejado los mismo males: demasiado estrechas, demasiado sinuosas,
deficientemente señalizadas, inconexas y en itinerarios dudosos, casi siempre
evitando las calles principales, las más deseadas por todos por ser las más directas,
y casi siempre en aceras.
La culminación de la vergüenza en la pretendida
inclusión de la bici en el panorama urbano se consumó cuando los responsables
políticos decidieron, dejando de disimular sus intenciones, pintar las aceras
para permitir circular por ellas a los ciclistas sin más criterio que conseguir
conectar la red de ciclovías. Aquí el despropósito acabó de concretarse.
Si hasta ese momento era ya suficientemente discutible
el criterio de los encargados de implementar lo que se dio por llamar el Plan
de Ciclabilidad a la hora de elegir las calles, describir los itinerarios,
decidir las secciones, los radios de las curvas, la calidad de los pavimentos o
el diseño de las intersecciones, cuando a alguien, como medida pretendidamente
salomónica, se le ocurrió pintar las aceras, la cosa cobró un cariz totalmente
distinto, ya que dejó clara la estrategia: no queremos bicicletas en las
avenidas principales y no nos importa agraviar a los peatones.
Este menosprecio de los más débiles fue la constatación
de que la apuesta por la denominada movilidad sostenible, esa que
desincentivaba el uso del coche para dar oportunidades a modos alternativos de
transporte para hacer ciudades más habitables, era una mera escenificación.
Ahora, después de que cada ayuntamiento haya hecho su
pequeña chapuza tratando de demostrar que se estaba haciendo algo por las
bicicletas, cada uno con su criterio y con su norma, ahora la Dirección General
de Tráfico ha decidido intervenir para deshacer el entuerto con la triple justificación
de unificar criterios normativos, perseguir la normalización y mejorar la
seguridad de la bicicleta en la circulación.
¿Y qué se le ha ocurrido a la DGT? Pues, además de
promover la reducción de las velocidades en las calles secundarias, empresa en
la que ya se habían metido muchos municipios, ha decidido presentar toda una
batería de medidas que, lejos de servir para potenciar el uso de la bici, son
claramente desfavorecedoras. Las más discutibles: la obligación del uso del
casco, la permisividad en la circulación por aceras y la recomendación de
circular por el margen derecho de los carriles en las calzadas.
La medida que más discrepancia ha generado ha sido,
sin duda, la del casco, pero no es la más grave. El casco, que como elemento de
protección para caídas es interesante, no tiene mayor efectividad en caso de
colisión con un coche y tiene efectos disuasorios sobre el uso de la bici
porque la presenta como una actividad incómoda y peligrosa, haciéndola
inconveniente. El hecho es que en ningún país europeo es obligatorio, tampoco
en carretera.
Sin embargo, la permisividad del uso de aceras y la
circulación sin ocupar el centro del carril, por no hablar del diseño de la
inmensa mayoría de los viales para ciclistas, incrementan exponencialmente el
riesgo de accidente y atropello en la práctica ciclista y consolidan el dominio
de los automóviles en nuestras calles y la discriminación total de la mayoría
de usuarios de las calle: las personas que caminan, juegan o simplemente están.
Circular junto a bordillos, coches aparcados o
bolardos y otros obstáculos, hacerlo por aceras y por vías alejadas de la
lógica del tráfico rodado, convierte el uso de la bicicleta en una práctica de
riesgo porque fomenta las principales causas de su accidentabilidad. No olvidemos
que la mayoría de siniestros en los que se ven envueltos los ciclistas, además
de las caídas (que en las aceras son mucho más probables que en asfalto), se
producen en intersecciones donde las bicicletas se incorporan desde plataformas
distintas a la calzada o por atrapamientos en desvíos e incorporaciones,
normalmente por falta de visibilidad de los ciclistas. Estas nuevas normas
propuestas favorecen estas circunstancias.
A la vista de este panorama, lo único que podemos
concluir es que la bicicleta molesta, cada vez más, en nuestras ciudades.
Molesta en la calzada, molesta en las aceras y molesta en las zonas
peatonalizadas. Y el remedio que se ha buscado es hacerla más incómoda todavía.
Si ya los itinerarios diseñados para las bicis eran angostos, llenos de
obstáculos, sinuosos e incomprensibles y ralentizaban la circulación ciclista,
las nuevas recomendaciones van a hacer que la bicicleta sea molesta hasta para
sus practicantes, presentándoles además como inoportunos, torpes y marginales,
cuando no como irresponsables, temerarios o irrespetuosos, por no querer seguir
el orden establecido: el del coche.
No
sabemos hasta dónde llegarán las intenciones de la DGT ni en qué se concretarán
en la práctica en cada uno de nuestros municipios, sobre los que recae la
vigilancia del cumplimiento de la norma, pero todo esto apunta mal y no hace
más que constatar la convicción de nuestros responsables de que las bicicletas
no son bienvenidas en la ciudad, porque no se le quiere quitar nada al coche,
porque todavía se le considera el símbolo y el garante del desarrollo y del
éxito económico.
Mientras tanto, seguiremos celebrando el Día de la
Bici, la Semana de la Movilidad y otras escenificaciones de la falsedad en la
que estamos atrapados, con la felicidad del que tiene la conciencia tranquila
porque está haciendo lo que se debe en bien de la comunidad.