Mantener a los ciclistas amedrentados

Esa parece que es la estrategia entre muchas instancias en este país de locos en el que vivimos, donde el coche sigue manteniendo un nivel de privilegios que no existe ni en sociedades tercermundistas. El gobierno que lleva ya 5 planes de promoción de la venta de coches nuevos, vía subvención, necesita saber que toda la población comulga con los intereses de una industria que no representa más que el 10% del PIB. Si eso implica meter dosis de miedo respecto a las alternativas a esta opción, no se duda ni un momento en administrarlas secuenciadas, pautadas, como se administran los medicamentos. Si se identifican opciones emergentes, entonces se monta una campaña de acoso y derribo. Mediática, intensiva, lo que haga falta.

La Dirección General de Tráfico del Gobierno de España, dedicada a garantizar que se mantengan intactos los privilegios de los coches y fluida su circulación, ha entendido perfectamente la encomienda y, jugando obscenamente con la herramienta del Reglamento General de Circulación, se ha dedicado durante ya van para 4 años, a lanzar bulos, amenazas y soflamas alrededor de los peligros que acechan o que se contraen en la práctica de la bicicleta, en ciudad y en carretera.

Y han metido el morro en las ciudades, inmiscuyéndose en lo que hasta entonces era un criterio municipal, dando directrices que luego no se convertían en normas, advirtiendo de circunstancias que no iban a consentir o propinando una patada a toda una generación mediante un decreto que hizo obligatorio el uso del casco para menores de 16 años.

Lo que lleva un tiempo circulando son ya palabras mayores, pese a que no sean más que recomendaciones de un grupo de "expertos" al servicio del lobby automovilístico o, en el mejor de los casos, miopes de necesidad. Esa reunión de interesados propusieron la descabellada e inoportuna (o todo lo contrario, dependiendo de cuál sea la perspectiva) batería de medidas para controlar y neutralizar el crecimiento inusitado de la bicicleta de los últimos años.

Licencias, matrículas, seguros, cascos para todos... no se escatiman propuestas de medidas coercitivas que por un lado sirvan para demostrar que eso de la bicicleta es peligroso y por otro para disuadir a muchas personas de usarla o de elegirla por los inconvenientes que conlleva.

Ahora sólo hace falta convencer a la autoridad fiscal en aquella ridícula demanda histórica de que las bicicletas o mejor dicho los ciclistas paguen impuesto de circulación por utilizar las calles y carreteras y por aparcar en suelo público. Tiempo al tiempo que a esta gente aún le quedan agallas y legislatura para esas amenazas y para más.